1-Qué quiere el Quebec?

"Qué quiere el Quebec?", preguntan irónicamente los adversarios del movimiento independentista quebequés, sobreentendiendo que no tenemos razón alguna para quejarnos. Es verdad que el Quebec no está en situación de

colonización, y que no hay violaciones ni de los derechos ni de la integridad física de sus ciudadanos. Nuestro nivel de vida es envidiable, y tenemos acceso a programas sociales generosos. Más aún, la libertad de expresión que gozamos es tal que nos permite desarrollar sin dificultades mayores un proyecto político que muchos Estados considerarían subversivo y que

condenarían concretamente bajo la acusación de alta traición. Entonces, ¿cuáles son los motivos del proyecto independentista? En las páginas que siguen, le propondremos un análisis político de las relaciones que el Quebec mantiene

con el Canadá y le expondremos algunas de las razones por las cuales un número creciente de Quebequeses están dispuestos a eligir el camino de la independencia.

Para ello, expondremos primero un panorama de la situación única en la cual se encuentra el Quebec, y describiremos algunos de los aspectos particulares que caracterizan la conyuntura actual de las relaciones entre el Quebec y el Canadá

(sección 2). Recordaremos ciertos eventos históricos que permiten de realzar el carácter democrático del proceso independentista quebequés (sección 3). Después insistiremos sobre el hecho de que el acceso del Quebec a la independencia

es una cuestión de legitimidad política y de democracia, antes de ser una cuestión de legalidad constitucional y de derecho (sección 4). También nos atarderemos sobre algunas de las razones que justifican la opción por la independencia (sección

5). En conclusión, solicitamos a los intelectuales del mundo entero que vigilen de cerca nuestra situación en la eventualidad de la secesión del Quebec, debido a la intransigencia que el gobierno canadiense parece querer demostrar (sección 6).

2- La conyuntura actual

2.1- El Quebec y el Canadá hoy en día

El Quebec es una de las diez provincias del Canada. Su población total es de siete millones de personas aproximadamente, y representa el 25% de la población total del Canadá que es de 30 millones de personas. La población quebequesa está

compuesta de un 83% de francófonos (es decir, de personas que hablan el francés en su domicilio), de un 9% de anglófonos y de un 7% de alófonos (es decir,personas cuya lengua materna no es ni el francés ni el inglés). También en el

territorio del Quebec están asentadas 65 000 personas pertenecientes a once naciones autóctonas. En el resto del Canadá, la población de lengua materna francesa representa un millón de personas. La población total de los autóctonos viviendo en el Canadá es de aproximadamente 600 000 personas, y está dividida en seiscientas comunidades.

2.2- La defensa de la lengua francesa y de la cultura quebequesa

El movimiento independentista quebequés se basó siempre sobre la necesidad de defender la lengua francesa y de promocionar la cultura quebequesa. La lengua francesa está extremadamente fragilizada por el mero hecho de ser minoritaria

en el continente norteamericano. La asimilación de los francófonos que viven fuera del Quebec alcanza proporciones alarmantes en todas partes del Canadá. Bien que se trata de una tendencia existente desde hace mucho tiempo, las cifras

recientes son sencillamente drámaticas. Por ejemplo, la mayoría de las personas de lengua materna francesa viviendo al exterior del Quebec se encuentran en Ontario y entre estas 500 000 personas, solamente 300 000 declaran hablar

principalmente francés en su domicilio. Se trata de una tasa de asimilación del 40%. La situación es más grave aún en las otras provincias, salvo en el Nuevo-Brunswick, en donde la tasa de asimilación no rebasa el 7%. En esta provincia está asentado el pueblo acadiense, el cual representa el tercio de la población del Nuevo-Brunswick.

En el Quebec mismo, aunque los francófonos son mayoritarios, la situación del francés sigue siendo precaria. Dos legislaciones lingüísticas en conflicto se aplican. Por una parte, el gobierno canadiense promueve un bilingüismo a escala

del país, que se traduce en un casi unilingüismo inglés fuera del Quebec (salvo en el Nuevo-Brunswick) y un bilingüismo relativo en el Quebec. El gobierno quebequés, por su parte, garantiza el francés como lengua común de los ciudadanos de la provincia, asegurando la promoción del francés como lengua de educación, de trabajo y de presentación de los anuncios públicos. El francés es la lengua oficial del Quebec. Sin embargo, debemos subrayar que la comunidad anglófona quebequesa se vió siempre reconocer el derecho de poseer y de desarrollar sus propias instituciones (particularmente en las competencias de educación y de sanidad). Es perfectamente posible para un anglófono de vivir y de trabajar en inglés en Montreal. Aún con estas garantías, muchos estiman que la protección de que goza el francés es abusiva y la combaten sistemáticamente, con el apoyo del gobierno federal canadiense. Por nuestra parte, creemos que todos los ciudadanos, cualquiera sea la comunidad a la que pertenece o de la que es originario, tienen el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que el Quebec se ha dotado de una Carta de derechos muy progresista. Esta libertad de expresión de los individuos puede, a nuestro parecer, cohabitar harmoniosamente con una legítima promoción del uso del francés quien, en el contexto norteamericano, necesita una legislación apropiada. El gobierno canadiense, según parece, no comparte nuestra opinión.

Otro indicio de la fragilidad del hecho francés es la capacidad limitada de la mayoría francófona para integrar los inmigrantes. El Canadá tiene una de las tasas de inmigración más elevadas del mundo, gracias a la cual el Quebec y el

Canadá conocen hoy un crecimiento demográfico que sería nulo sin ella. Pero la asimilación de los inmigrantes, que sea al francés o al inglés, es de apenas 40% en el Quebec (la asimilación consiste en cambiar la lengua hablada en el domicilio), y

si no fuera de la gran movilidad de los anglófonos hacia las otras provincias, esta asimilación tendería a augmentar la proporción de anglófonos en el Quebec. La asimilación de los inmigrantes es menos marcada en el Quebec que en todas las

otras regiones del Canadá; en las demás provincias se hace en favor de la comunidad anglófona. Además, en el Quebec hay más francófonos asimilados al inglés que anglófonos afrancesados. En la sola isla de Montreal, la proporción de

francófonos se reducirá de aquí a unos años bajo el nivel de los 50%. Estos datos necesitan matices, porque las políticas quebequesas apuntan la integración lingüística de los inmigrantes, es decir la utilización del francés como lengua común en la vida pública y en el trabajo. Lo que no significa su asimilación. Esta política conoce un suceso relativo, ya que un cierto número de alófonos utilizan el francés como lengua de comunicación pública. Sin embargo, podemos preguntarnos si su número es lo bastante elevado como para que su fuerza de atracción resulte efectiva en la integración de los demás

inmigrantes a la comunidad francófona. Señalemos que esta integración lingüística nos parece necesaria, no solamente para preservar la existencia de la comunidad francófona, sino también para asegurar el bienestar de los inmigrantes mismos.

Efectivamente, el conocimiento de la lengua de la comunidad de acogida evita la " guetoización " de los Quebequeses de adopción, permitiéndoles intervenir públicamente como ciudadanos de pleno derecho. Esto posibilita un mestizaje de

culturas, sin el cual la inmigración no es más que una cohabitación díficil entre ciudadanos que no se entienden.

Las diferentes medidas concretadas por los sucesivos gobiernos quebequeses (sean independentistas o bien federalistas) tuvieron como efecto frenar un poco la integración lingüística de los inmigrantes a la comunidad anglófona, pero estos

logros son constantemente puestos en peligro, y pueden ser anulados rápidamente por las presiones económicas, políticas y culturales que se ejercen sobre los ciudadanos neo-Quebequeses. En suma, mismo si progresos importantes fueron logrados en el pasado, la situación lingüística sigue siendo preocupante, más aún cuando el Quebec no posee todos los instrumentos legislativos y administrativos necesarios para poder ejercer los correctivos requeridos.

2.3- ¿Es el Canadá un Estado multinacional o bien un Estado-Nación?

La situación precaria del Quebec en el ámbito lingüístico está agravada por el mero hecho que el Canadá no reconoce el carácter nacional de la lengua francesa (concebida como la lengua común de todos los ciudadanos del Quebec) y el carácter nacional de la cultura quebequesa (que incluye las culturas de las minorías anglófonas, de las naciones autóctonas y de los Quebequeses de todos los orígenes). Creemos que la diversidad cultural y lingüística del Quebec es compatible con la existencia de una lengua nacional común (que constituye la lengua utilizada por los ciudadanos quebequeses de horizontes lingüístiscos diferentes) y de una cultura nacional común, basada en instituciones en las cuales todos participan, así como de valores democráticos compartidos por todos. Ahora, el gobierno canadiense no reconoce que esta lengua y esta cultura es la

de una de las naciones constituyentes del país (1). Para él, el francés es un rasgo cultural de ciertos de sus ciudadanos, una carácteristica que puede ser el objeto de derechos individuales pero que no puede ser considerada bajo el ángulo de los

derechos de los pueblos. Más todavía, este gobierno se ha lanzado en una política de "nation-building" que consiste a construir una identidad cívica única sin tener en cuenta del carácter multinacional del país. (Los ciudadanos de un Estado

multinacional pueden ciertamente dotarse de una identidad cívica común, pero esta identidad no sería viable sin el reconocimiento de las diferentes naciones constituyentes del Estado). La Carta de los derechos y libertades que está

insertada en la Constitución canadiense es de inspiración individualista, y pasa bajo silencio los derechos sociales y económicos tanto como la existencia del pueblo quebequés. El Canadá trata de negar cada vez más su carácter de Estado

multinacional, transformándose en una federación de diez provincias que tengan el mismo peso administrativo. El procedimiento de "nation-building" se traduce también por la promoción de lo llamado comunamente la "diversidad cultural

canadiense", mientras que las naciones autóctonas y quebequesa no gozan de ningún reconocimiento político real, salvo por un reconocimiento simbólico de los autóctonos en la Ley constitucional de 1982 y por un reconocimiento estratégico de ciertos individuos francófonos en la administración pública.

El gobierno canadiense puso en marcha una política de multiculturalismo y una política de bilingüísmo según la cual todo el país es oficialmente bilingüe. La política de multiculturalismo se basa sobre el principio de la igualdad de todas las culturas en el territorio canadiense. Evidentemente, suscribimos al principio de la igualdad de todas las culturas, pero cuando este principio está aplicado en un territorio determinado, hay, en el nombre mismo de la preservación de las culturas, que tener en cuenta la existencia de las comunidades de acogida, sobre todo cuando éstas están en posición minoritaria. Mismo si la política de multiculturalismo canadiense promueve oficialmente la integración lingüística a una u otra de las dos lenguas oficiales, los inmigrantes se integran sobre todo a la comunidad anglófona a escala canadiense: el bilingüismo se revela una ficción fuera del Quebec. Así, las políticas canadienses de inmigración, de multiculturalismo y de bilingüismo oficial pueden parecer a primera vista generosas para los inmigrantes, pero cumplen principalmente objetivos específicos de política interior: eliminar los problemas aportados por los nacionalismos quebequés y autóctonos. Compartimos las inquietudes de

numerosos intelectuales hacia las posiciones racistes adoptadas por ciertos partidos ultranacionalistas europeos a propósito de la inmigración: nos enorgullecemos de ser, en el mundo entero, una de las tierras más abiertas a la inmigración. Pero esta apertura no debe hacernos perder de vista la suerte de la minoría francófona en América del Norte. Los Canadienses quieren hacer del Canadá un país multicultural y alaban los méritos del pluralismo de las culturas, pero es para no reconocer la existencia de varias naciones en su territorio.

La nación quebequesa es una sociedad liberal, pluralista, y multiétnica. Los Quebequeses mayoritariamente aceptaron desde siempre la diversidad cultural y la cohabitación enriquecedora que resulta de ello. Además, consideraron con buenos ojos siempre la ventaja de poseer una identidad bicéfala, quebequesa y canadiense, y de ser así ciudadanos de un Estado multinacional. Por consiguiente, hubieran preferido encontrar una solución en el marco del sistema federal que tuviera en cuenta las necesidades específicas del Quebec. Pero el Canadá no protege de manera adecuada la lengua francesa en el exterior del Quebec, y rechaza la autoridad y la autonomía del gobierno del Quebec en materias lingüísticas en el propioterritorio quebequés. Está tratando de negar su proprio carácter multinacional. El Canadá es en los hechos un Estado multinacional, pero un buen número de Canadienses aspiran a darle la forma de un Estado-nación. Estas son algunas de las razones que conducen a un número siempre creciente de Quebequeses a escoger la vía de la independencia nacional.

3- Un procedimiento democrático

3.1 El nacimiento del nacionalismo quebequés

La lentitud misma del proceso independentista quebequés atestigua de su carácter profundamente democrático y de su deseoreal de satisfacer la gran mayoría de los Quebequeses. El carácter democrático de este proceso político se basa en gran parte en el recurso a los referendos, pero estos no constituyen nada más que los puntos culminantes de largas negociaciones que remontan ya a más de treinta años. Una evocación sucinta de estas negociaciones puede ayudar a comprender las aspiraciones del pueblo quebequés.

Es a partir del principio de los años sesenta que el nacionalismo canadiense-francés se transformó en un nacionalismo quebequés. Este proceso se tradujo, entre otras cosas, en una serie de posiciones adoptadas por los diferentes gobiernos quebequeses. Podemos mencionar, por ejemplo, el pedido por parte del gobierno Lesage de un estatuto particular para el Quebec (en 1962), la posición del gobierno de Daniel Johnson fundada sobre el principio de " igualdad o independencia ",la del partido liberal en 1967 que proponía la fórmula de Estados asociados, y la del gobierno de Robert Bourassa en 1970 (reafirmada en 1973 y 1976) pidiendo un estatuto de "sociedad distinta" ("société distincte") para el Quebec. Todas estas peticiones repetidas de autonomía política se tradujeron por fracasos en el marco de negociaciones constitucionales o de

comisiones de encuesta: el rechazo por el Quebec de la propuesta Fulton-Favreau de 1964 acerca de una fórmula de enmienda constitucional (que adjudicaba un derecho de veto a todas las provincias), el abandono del informe de la comisión

de encuesta sobre el bilingüismo y el biculturalismo en 1967 (que reconocía al Canada un estatuto bicultural), el fracaso de la Conferencia de Victoria de 1971 (que no reconocía una repartición de los poderes conforme a lo pedido por el Quebec), o bien el abandono del informe de la comisión Pépin-Robarts (que proponía un federalismo asimétrico).

Todas estas negociaciones infructuosas llevaron a la elección en 1976 del "Partido Québécois" (independentista) que prometió llevar a cabo un referéndum acerca de la independencia del Quebec. Esta promesa, que se cumplió en 1980, debía

concluir un proceso iniciado durante los años sesenta. Este primer referéndum trataba de un mandato de negociar la independencia política que conllevaba una asociación económica con el Canadá. Debía autorizar, en caso de respuesta

positiva, un segundo referéndum en el que el pueblo quebequés podría ratificar el acuerdo surgido entre ambas partes. Como bien se sabe, este referéndum se concluyó por una derrota sufrida por los independentistas, que obtuvieron el 40% de los votos contra 60% en favor de los federalistas.

3.2 Quince años de fracasos

La derrota del referéndum del 1980 sobrevino en parte gracias a las promesas de cambio formuladas por el primer ministro federal de la época, Pierre Elliott Trudeau. Pero estos cambios no se concretizaron en el sentido deseado, mas bien todo lo contrario. En 1981, el gobierno federal procedió a la repatriación de la Constitución. Este trámite ante el parlamento británico permite esencialmente al Canadá de modificar él mismo su propia constitución. El primer ministro hizo

modificaciones sin entenderse con las provincias sobre una nueva repartición de los poderes entre los niveles de gobierno, como desde siempre lo había pedido el Quebec. Esta nueva Ley constitucional entró en vigor en 1982 sin que hubiese una

consulta popular sobre ella. Además, el gobierno federal actuó sin tener en cuenta la resolución adoptada casi unánimamente por los diputados de la Asamblea nacional del Quebec, que rechazaba este nuevo orden constitucional. Esta Ley

constitucional imponía nuevas cláusulas que limitaban considerablemente los poderes del Quebec en materia de lengua y cultura. Es importante señalar que este orden constitucional, que rige al Canadá desde 1982, nunca fue ratificado por el

pueblo quebequés o por sus gobiernos sucesivos (fuesen independentistas o bien federalistas). La firma del Quebec sigue sin figurar al pie del texto conteniendo la ley fundamental del Canadá.

Después, el Quebec intentó en vano negociar enmiendas que le permitiesen ratificar la constitución canadiense. El Quebec pidió al Canadá que adoptase las cinco cláusulas mínimas contenidas en el acuerdo del Lago Meech. Sin embargo este proyecto de reforma fracasó en 1990 debido al rechazo de las cámaras legislativas de dos provincias. La reintegración del Quebec en el regazo constitucional se veía imposibilitada a pesar del carácter mínimo de estas cinco condiciones, que hubiesen reparado en parte el decretazo de 1982 (2). Simbólicamente, la condición más importante era la que atañía a un estatuto definiendo el Quebec como una "sociedad distinta" en la federación, y esta fue la cláusula mínima que el Canadá rehusó de otorgar al Quebec en 1990.

El apoyo favorable a la independencia se disparó y alcanzó casi el 65% en los sondeos en el Quebec. A pesar de suorientación federalista, el gobierno en el poder en Quebec desde 1985, se vió obligado a formar una comisión sobre el

futuro político y constitucional del Quebec, la Comisión Bélanger-Campeau, que escuchó intervenciones procedentes detodos los medios, representanto todas las tendencias. En 1991, la Comisión recomendó al gobierno de Quebec iniciar un

proceso que conduciría, al año siguiente, a un segundo referéndum sobre la independencia si no había oferta formal alguna de la parte del Canadá. Al último minuto, un referéndum pancanadiense fue propuesto a partir de un nuevo acuerdo

constitucional, el Acuerdo de Charlottetown. Este acuerdo se basaba sobre un nuevo arreglo constitucional ocurrido entre todas las provincias, incluyendo el gobierno federalista que gobernaba el Quebec desde 1985. Este referéndum se sustituyó al que debía ser celebrado el mismo día en el Quebec. Pero fue, a su vez, derrotado también. Para los Canadienses, esta

derrota permitió por lo menos soslayar la celebración del referéndum sobre la independencia.

3.3 El referéndum de 1995

De 1980 a 1995, asistimos a la repatriación ilegítima de la Constitución, al fracaso del acuerdo del Lago Meech, a la comisión Bélanger-Campeau, y al rechazo del acuerdo de Charlottetown. Durante la elección federal de 1993 apareció en el

plano federal el Bloque Québécois, un nuevo partido dedicado a la independencia del Quebec. Este partido logró 54 escaños sobre una posibilidad de 75 por el Quebec en el parlamento de Ottawa. Durante la elección provincial de 1994, el Partido Québécois reasumió el poder en la Asamblea nacional del Quebec con la promesa de celebrar un referéndum sobre la independencia para el año siguiente. Este referéndum se celebró finalmente en octubre de 1995.

La cuestión referendaria proponía la accesión del Quebec a la independencia política después de haber formalmente ofrecido al resto del Canadá una asociación política y económica. En caso de respuesta positiva, este referéndum iba a iniciar el proceso conduciendo a la independencia después del plazo máximo de un año de negociaciones con el Canadá sobre la oferta formal de asociación. Este enfoque correspondía al deseo de numerosos Quebequeses de mantener después de la

independencia lazos políticos y económicos con el Canadá. Nadie puede permitirse en nuestra época una separación drástica, sobre todo cuando lazos tan estrechos, como los de una unión económica prevalecen ya entre los dos Estados, y que suponen ventajas recíprocas en el plano económico. Además, una unión política y económica es necesaria no solamente para asegurar la gestión de la unión económica y la administración de la deuda pública; se impone por razones geopolíticas así como para tener en cuenta los intereses de las minorías anglofónas en el Quebec y francófonas en el Canadá.

El referéndum tuvo lugar el 30 de octubre de 1995 con el resultado que sabemos: 50,6% para el NO, y 49,4% para el SÍ. Una participación récord de 93,5 % fue observada. La mayoría de los expertos creen que este voto reñido demuestra que

esta cuestión no está todavía resuelta (3). Este referéndum dió lugar a un debate sin precedentes en el Quebec. El proyecto independentista recogió el apoyo de casi el 60% de los francófonos, pero hizo frente a las oposiciones de la minoría

anglófona y de una mayoría de neo-Quebequeses. De manera general, los ciudadanos que optaron por el mantenimiento del statu quo federal escogieron de hacer prevalecer, por libre elección o por pura necesidad, otros valores que el de su afiliación nacional quebequesa. Su oposición a la independencia del Quebec se explica por razones que no tienen nada que ver con un supuesto nacionalismo étnico practicado por la mayoría francófona, como se intenta hacer creer. La oposición de los ciudadanos quebequeses anglófonos es comprensible, porque desean conservar su país y no ser una minoría en un nuevo Estado. Por lo que se refiere a la de los neo-Quebequeses y la de los alófonos, proviene de varios factores. A menudo se integraron sin dificultad alguna a la comunidad anglófona, y las políticas de bilingüísmo y de multiculturalismo del gobierno federal les ha afianzado en esta elección. Su lealtad primera va al país que les acogió, el Canadá, país que, por cierto, les hizo jurar fidelidad a la Reina cuando les otorgaba la ciudadanía. Algunos de ellos temen ver resurgir en su país de adopción los desórdenes que conocieron en su país de origen, y por esta razón desconfian del nacionalismo quebequés. La mayor parte de ellos estiman que es económicamente más provechoso de integrarse a la comunidad lingüística mayoritaria en América del Norte. Pensamos que si todos estos factores no influyesen sobre el comportamiento electoral de los quebequeses de adopción, observaríamos una diversidad más grande en sus opiniones políticas. Su voto no es tampoco tan monolítico como lo quieren hacer creer algunos, ya que la causa independentista penetró significativamente comunidades nacidas de la inmigración, particularmente las formadas por los ciudadanos de origen latinoamericano. Sea lo que fuere, reconocemos que los ciudadanos quebequeses tienen el derecho absoluto de defender el punto de vista de su parecer.

Es cierto que el análisis de los comportamientos adoptados por las diferentes clientelas electorales importa ya poco, porque de todos modos, los independen-tistas perdieron el referéndum. El Gobierno del Quebec tomó acta del resultado de estaderrota, y se ocupa ante todo de sanear la situación financiera pública. Él deberá ahora, prestar atención a las ofertasfederales que podrían ser depositadas ante él el año que viene, bien que esta eventualidad parezca hipotética. Además, unaselecciones generales deberán ser celebradas al nivel provincial antes de que un nuevo referéndum sea convocado, ya que la ley de referendos quebequés prohíbe que un gobierno pueda consultar a la población por referéndum dos veces sobre un mismo tema en el curso del mismo mandato electoral. Pero si los Quebequeses eligen de nuevo el Partido Québécois, sería totalmente legítimo proceder de nuevo con otro referéndum.

3.4- El próximo referéndum

Si ningún cambio significativo viene a modificar las políticas federales, es más que posible que los partidarios de laindependencia consigan lograr la victoria en un próximo referéndum. Este podría ser celebrado de aquí a unos años. Esta

victoria, si sobreviene, no pondrá de acuerdo al conjunto de las comunidades que componen la sociedad quebequesa.Entonces, ¿cómo se presentará la conyuntura política?

Suscribimos al concepto de ciudadanía defendido por los "Partenaires pour la souveraineté" (Compañeros de laindependencia). Nosotros optamos también por una ciudadanía quebequesa basada en la solidaridad y la cooperación activas

en las cuales las diferencias entre ciudadanos no se borran ni se cultivan en un círculo cerrado, pero son mas bien invertidas en un proyecto común: la evolución del Quebec. Las divergencias de opiniones, de valores o bien de modos de vida son la base de toda sociedad democrática y no impiden un respeto mutuo. Mismo si desacuerdos persisten en un eventual Quebec independiente, las libertades individuales y la igualdad de todos los ciudadanos serían afirmados en la constitución. Insertaríamos igualmente en esta constitución los derechos colectivos de la minoría nacional anglófona y de las naciones autóctonas, porque siendo ciudadanos quebequeses de pleno derecho, los anglófonos y los autóctonos tienen necesidades y derechos específicos. La minoría nacional anglófona contribuyó historicamente en la construcción del Quebec contemporáneo, y conservará el derecho actualmente garantizado de crear, mantener y desarrollar sus propias instituciones. Las once naciones autóctonas que viven en el territorio quebequés tienen un derecho a la autonomía de gobierno que deberá serles reconocido. Los Quebequeses no deben cometer el mismo error hacia sus minorías nacionales que el de los Canadienses con ellos; deberán proteger los derechos de la minoría nacional anglófona así como los de las naciones autóctonas. El gobierno quebequés se comprometió en tal sentido en 1995, y no apoyaríamos el proyecto independentista si no tuviésemos la absoluta certeza que tales son sus convicciones y sus intenciones profundas. Por otra parte, mismo si la opinión de la minoría no debe determinar la orientación de la mayoría, ella debe ser escuchada y entendida. En este aspecto, la proposición de unión política y económica con el Canadá incluída en el proyecto de independencia permitiría a los ciudadanos que se sienten ante todo Canadienses de mantener simultáneamente vínculos con una entidad política única cuya extensión correspondería a la del actual Canadá.

4- La independencia del Quebec frente al orden jurídico constitucional e internacional

4.1- La independencia del Quebec frente al orden jurídico canadiense

La constitución canadiense no contempla explícitamente la posibilidad que una de sus provincias haga secesión. Pero algunos pretenden que el acceso a la indepen-dencia es posible si se procede por la via de la enmienda constitucional y si, por

consiguiente, las provincias canadienses (siete sobre diez, o quizás todas) y el Estado federal consienten a tal enmienda. Enla eventualidad de un voto favorable a la independencia, algunos buscarán a imponer el orden constitucional cana-diense,mismo si eso va en contra de la voluntad democrática del pueblo quebequés. Pretenderán que el acceso del Quebec a la independencia política es ilegal, que no se puede concretar de manera unilateral y que, en el contexto de una declaraciónunilateral de independencia, la integridad territorial del Quebec no sería necesariamente preservada.

¿Que podemos pensar de estos argumentos? Podríamos admitir que a ciertos de los argumentos morales y políticosinvocados por el Quebec, pueda oponerse el orden constitucional canadiense. Pero al elegir repatriar la Constitución sin el

consentimiento del Quebec y el de su Asamblea nacional, el Canada facilitó, en algún modo, la resolución de este dilema. Mismo si se puede oponer, al peso político de ciertos argumentos morales, el peso político de un cierto orden constitucional, el juicio debe fallar necesariamente en favor de los primeros si este orden constitucional es, en los hechos, ilegitimo, porque fue impuesto sin el consentimiento del pueblo quebequés y de su Asamblea nacional. Los eventos de 1982 justifican, si seavera necesario, el recurso a una declaración unilateral de independencia. Pretender que el Quebec no puede acceder a la independencia política sin el consentimiento del Canadá, es olvidar que el Canadá impuso un nuevo orden constitucional sin el acuerdo del Quebec. Porque lo hizo, debe aceptar de pagar las consecuencias, y reconocer eventualmente la expresión de

la voluntad popular de los Quebequeses y de las Quebequesas.

El Quebec y el Canadá tendrían ventaja en encontrar un terreno de concordia en el período que seguiría un voto favorable a la independencia. Los Canadienses podrían, después de un voto mayoritario de los Quebequeses, entenderse rapidamentesobre enmiendas a su constitución para tomar acta del acceso del Quebec a la independencia. Hay que evitar en lo posible una decisión unilateral por parte del Quebec, pero el rechazo del consentimiento de los Canadienses sería una manera para elCanadá de forzar el Quebec a declarar unilateralmente su independencia. Si la demás provincias canadienses y el gobierno

federal se sirven de su constitución para bloquear el proceso, serán ellos que decidirán de someter su orden jurídico a lalógica de la fuerza y de substituir la legalidad constitucional a la legitimidad democrática.

Son los pueblos los que se dotan de constituciones y no las constituciones las que se dotan de pueblos. Cuando una constitución es impuesta a un pueblo en contra de su voluntad, este último puede en toda legitimidad dotarse de otra constitución. Si hay suficientemente de justificaciones morales, puede además acceder a la independencia política para lograrlo. En suma, el proceso independentista parece ilegal solamente en relación a un orden constitucional que es ilegítimo. Es la ra-zón por la cual no se puede oponer al Quebec el orden constitucional canadiense.

4.2- La independencia del Quebec frente al orden jurídico internacional

Si el orden constitucional canadiense no puede insertar legítimamente el proceso jurídico de acceso a la independencia delQuebec, ¿puede este proceso ser tomado en cuenta y encuadrado por el derecho internacional? El derecho a lautodetermi-nación inscrito en la Carta magna de las Naciones Unidas, interpretada por la Declaración sobre las relaciones amistosas de la ONU de 1970 (A.G. resolución 2625), incumbe solamente a las naciones colonizadas, aunque algunos lo

han interpretado como un reconocimiento limitado al derecho de independencia. Pero el derecho internacional reconoce asimismo que un Estado puede de todos modos concretar su independencia si este proceso es democrático, y si logra

imponer un control sobre su territorio y so población. Esto equivale a reconocer que el proceso de acceso a la independencia es, ante todo, un asunto político y no jurídico. El derecho internacional no autoriza la independencia, pero tampoco la

prohíbe: la constata. En este sentido podemos pretender que el proceso independentista quebequés es conforme con el derecho internacional, como fue conforme con el derecho internacional el acceso a la independencia de numerosos Estados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, particularmente desde el principio del presente decenio (21 Estados nuevos).

Algunos miembros actuales del gobierno canadiense sostienen que el Quebec no puede apoyarse sobre el derecho internacional para declarar unilateralmente su independencia, concluyendo que tal declaración sería ilegal desde el punto de

vista del derecho internacional. Esperan, de esta manera, hacer creer a la población que se trata de un proceso moralemente reprensible. Pero, diciendo esto, están contradiciendo el punto de vista de la mayoría de los juristas internacionales que emitieron un informe sobre el asunto. El derecho internacional hace más que evitar de pronunciarse sobre la cuestión. Constata la independencia. Estos juristas reconocieron implícitamente que el proceso de acceso a la independencia rebasa el marco estrictamente jurídico, y que ese proceso puede ser a veces políticamente legítimo y moralmente justificado.

Como lo hemos indicado anteriormente, el Quebec hará todo lo posible para evitar una declaración unilateral de independencia. Pero frente a un eventual rechazo del Canadá de reconocer su decisión democrática, el Quebec podría verse

en la obligación de proceder de esa forma. ¿Tendría entonces algunos argumentos susceptibles de legitimizar esta manera de actuar? Seguidamente, le proporcio-namos algunos de los argumentos que pueden ser invocados por el Quebec para justificarmoralemente su acción.

5-Las justificaciones morales del Quebec

5.1- El Canadá rehusa el considerarse como un Estado multinacional

Los Quebequeses intentaron, desde siempre, entenderse con sus asociados de la federación en el marco de un pacto entre pueblos. Aceptaron desde siempre el principio según el cual se puede a la vez pertenecer al pueblo quebequés y formar parte de un Estado supranacional. Para ellos, el Canadá es una entidad supranacional construida por dos pueblos fundadores denominados en una época no muy lejana Canadienses franceses y Canadienses ingleses. Ahora, debemos hablar del pueblo quebequés y de un pueblo canadiense. Los pueblos autóctonos existían mucho antes e independientemente de la creación del Canadá. Si no han sido considerados como pueblos fundadores del Canadá, es porque fueron injustamente excluídos de dicha fundación. Pero debemos reconocer, de ahora en adelante, que forman parte de la diversidad profunda del Canadá, y

que aspiran legítimamente a gobiernos autónomos. También podemos decir que los Acadienses forman un pueblo en el seno del Canadá. Así es la realidad ineludible del Canadá actual.

Los Quebequeses son receptivos a la idea de pertenecer a un Estado soberano multinacional, mas su receptividad se enfrentó desde siempre al rechazo de los Canadienses de reconocer la existencia misma del pueblo quebequés. Este rechazo existe desde el principio de la federación en 1867, y se expresa tanto en el plano constitucional así como en los planos políticos y administrativos. El Canadá rehúsa de insertar su carácter multinacional en la Constitución (salvo para el reconocimiento de los pueblos autóctonos sobrevenido por vez primera en 1982). También rechaza delegar al Quebec la plena jurisdicción acerca de poderes culturales (lengua, cultura, comunicaciones) y económicas (formación de la mano de obra, seguro de desempleo, desarrollo regional). Estas competencias deberían, en su territorio, depender totalmente del gobierno quebequés.

El gobierno federal rechaza también la limitación de sus propios poderes de gasto público, y continúa inmiscuyéndose, por la imposición de normas dichas " nacionales ", en sectores de jurisdicción exclusivamente provinciales como la educación y la sanidad.

Rechaza asimismo reconocer de manera profunda una verdadera asimetría en la distribución de los poderes, asimetría que reflejaría el hecho de que el Quebec es uno de los pueblos constituyentes del país. El Quebec posee su código civil, sus

leyes lingüísticas y, desde hace poco, un cierto control sobre la inmigración, pero para lo esencial, es el principio de la igualdad entre las provincias el que prevalece, lo que quiere decir que el Quebec no puede verse conferir un estatuto particular en el seno de la federación canadiense.

Estos bloqueos constitucionales, políticos y administrativos ocurren porque el Canadá se niega a reconocer la existencia del pueblo quebequés, y se niega a reconocer su propria diversidad profunda. El gobierno canadiense está con-cretando un proceso de "nation-building". Como vimos anteriormente, el gobierno federal impuso una constitución incluyendo una carta de los derechos esencialmente individualista que hace abstracción de los derechos colectivos y de la existencia misma del pueblo quebequés. Además, esta carta limita los poderes del Quebec en cuestiones lingüísticas y de educación. También impuso una visión multicultural del país para negar la existencia del pueblo quebequés e intentó (sin conseguirlo) imponer el bilingüismo institucional para no tener que reconocer el biculturalismo de sus pueblos fundadores. Después rechazó ratificar el acuerdo del Lago Meech que hubiese reconocido la existencia de una "sociedad distinta" en el territorio del Quebec. Finalmente, las nueve provincias (salvo el Quebec) y el gobierno federal se entendieron en julio del 92 (poco antes del acuerdo de Charlottetown) acerca de una reforma del Senado que hubiese consagrado el principio de la igualdad entre provincias. A fin de cuentas, el Canadá nunca a querido reconocer el carácter multinacional de su federación. Por esta

exclusión, un número creciente de personas en el seno de la población quebequesa piensan que un desbloqueo no puede surgir sin que el Quebec elija la vía de la independencia.

El pueblo quebequés no está representado en el seno de ese Estado soberano que es el Canadá. Como lo hemos mencionado anteriormente, la firma del Quebec no aparece siquiera al pie de la ley constitutiva del país que han tratado de imponerle en 1982 y los diversos gobiernos quebequeses jamás la han reconocido. Tampoco mención alguna del pueblo quebequés aparece en los documentos constitucionales. Finalmente, el gobierno canadiense no respetó una cláusula en virtud de la cual

estaba obligado en hacer aprobar las traduciones francesas de las leyes constitu-cionales en el plazo más breve posible. Tardando tanto a poner en vigor un orden constitucional bilingüe que reflejara por lo menos parcialmente la diversidad

profunda de sus pueblos fundadores, el gobierno federal contribuyó de esta manera a volver inoperante la constitución canadiense en el territorio quebequés. En estas circunstancias, ¿cómo podemos pretender que el Quebec está represen-tado alinterior del Canadá?

5.2- El Estado federal favoreció un desarrollo económico desigual

El nacionalismo quebequés se explica en parte también por el hecho que el gobierno federal, por las políticas puestas enaplicación en el curso de los treinta últimos años, favoreció el desarrollo económico de la región de Toronto a expensas de las demás regiones del país. Podemos comprender la necesidad de un desarrollo desigual cuando la comunidad está situada en regiones periféricas, carece de población suficiente y no dispone de recursos económicos diversifi-cados. Es el caso, particularmente, de las provincias marítimas, y la única manera de remediar este desarrollo desigual es de poner en marcha un sistema de traspasos fiscales equitativos. Pero esto no es el caso del Quebec que es una región muy densamente poblada, situada en el corazón de la actividad económica, y caracterizada por una diversidad de recursos. Sin embargo el Quebec hace

parte de las provincias empobrecidas y en este momento Montreal es la ciudad más pobre del Canadá. Muchos factores explican esto, pero no podemos pretender que las políticas puestas en vigor por el gobierno federal sean ajenas a ello (4).

Con esta desigualdad de la cual es en gran parte responsable y que nunca trató de corregir, el gobierno federal viola el principio de la igualdad entre los pueblos que lo constituyen.

Tenemos que reconocer que otros factores pudieron desfavorecer la situación de Montreal y del Quebec. Ya desde 1920, el traslado de la elites anglófonas hacia Toronto inició los traspasos de las inversiones hacia esta región. Además, el desarrollo de un centro económico en la región de los Grandes Lagos en los Estados Unidos constituía una presión económica para forzar el gobierno canadiense a desarrollar de manera análoga la región situada al norte. El Quebec se encontró bastante rápidamente con una estructura industrial poco concurrencial, cuyo eje era el mueble, la industria textil y el calzado. Pero

podemos pensar que todas estas causas tuvieron efectos menores que los acaecidos por las políticas federales. Algunos afirman también que la elección de partidos independentistas en el Quebec a partir de 1976 favoreció una incertidumbre

política que fue la señal para reubicar jefes de empresas, sedes sociales e inversio-nes en otros lugares del Canadá. Pero la aparición de un movimiento independen-ista en el Quebec es, ante todo, un efecto del desarrollo inigual, y no la causa

principal de esa desigualdad. La incertidumbre política es principalmente el fruto de la intransigencia canadiense frente a las reveindicaciones políticas del Quebec. El gobierno federal actual añadió leña al fuego, creyendo de esta manera favorecer el statu quo. Repite en todas las tribunas que el clima político es poco adecuado para las inversiones, anima el discurso particionista y adopta a menudo la línea dura hacia el Quebec. Entonces, ¿como podemos extrañarnos de que ciertos inversores prefieran ir a otra parte?

Los Canadienses señalan que el Quebec obtiene numerosas ventajas a mantener lazos con la confederación, mencionando particularmente los traspasos fiscales equitativos hacia las provincias, los municipios y los particulares. Estos traspasos

(sanidad, educación post-secundaria, auxilio social, puntos de imposición, pensiones de vejez, seguro de desempleo) constituyen una parte substancial del total del gasto federal (40%); como provincia pobre, el Quebec es uno de los

beneficiarios. El Quebec recibe cerca de la mitad de los traspasos fiscales equitativos que el Canadá distribuye a las provincias, y si tenemos en cuenta la totalidad de los traspasos, el Quebec beneficia del tercio. Gracias a estas medidas de compensación, el Quebec contribuye únicamente al 22% de los ingresos federales. Esto quiere decir que contribuye solamente al 22% de las sumas utilizadas por el gobierno federal al servicio de la deuda (5).

El Quebec ha sufrido de un desarrollo desigual pero beneficia de medidas financieras compensatorias. Podríamos por consiguiente creer que las cosas se equivalen. Esto sería ignorar los hechos siguientes. Ante todo, una parte importante de los traspasos sirve al financiamiento de medidas de la seguridad social (auxilio social, seguro de desempleo), y no de inversiones susceptibles de hacer arrancar la economía. Después, las causas del endeudamiento del gobierno federal deben ser consideradas. Una de ellas proviene del gasto gubernamental, y resultan principalmente de lo que llamamos " el poder federal de gasto público ". El gobierno del Quebec se ha desde siempre opuesto a la utilización abusiva de ese poder federal. Otra causa puede buscarse en la creación de amparos fiscales para las empresas. Ya que la economía está centralizada en Ontario, fueron gastos que beneficiaron a la provincia vecina. En tercer lugar, los intereses elevados preconizados por el Banco del Canadá desempeñaron un papel nada desdeñable en el crecimiento de la deuda. Estas alzas perjudicaron, principalmente, a las economías regionales, como la del Quebec, porque aspiraban a detener el recalentamiento excesivo de la economía en Ontario. También hay sin duda alguna otros factores que mencionar, pero es palpable que las principales

causas del endeudamiento federal fueron nocivas a la economía quebequesa.

Mismo si el Quebec aprovecha de los traspasos federales, debe pagar una parte significativa de la deuda canadiense y contribuir según su parte del PIB canadiense, debemos constatar que los esfuerzos consentidos por los gobiernos

provinciales al servicio de la deuda federal aumentarán en los próximos años. Los traspasos a las provincias disminuirán de manera significativa para que el gobierno federal no acumule más déficits como lo hace en este momento. Este proceso ya empezó en el presupuesto federal 96-97 con reducciones de más de seis mil millones de dólares en los traspasos a las provincias, y se espera que esta tendencia se prosiga en los próximos años. Cuando finalicen estos recortes, el Quebec se enfrentará con pérdidas sustanciales en los pagos de traspasos, y ello se añadirá al desarrollo inigual que ha debido padecer desde años atrás.

La pregunta que debe hacerse entonces es: ¿Que es preferible para los Quebequeses, en términos de rentabilidad económica? ¿Beneficiar de los medios para dotarse de una insfractuctura económica como lo hizo el Ontario? ¿O es preferible recibir bajo forma de traspasos fiscales equitativos y de traspasos sumas de dinero que sirven a "reequilibrar" los daños causados? Para nosotros, la respuesta es nítida. Estas medidas no serán nada más que meras medidas de compensación financiera, que no remplazan a los instrumentos sobre los cuales se basa una economía en expansión. Para ser justo, un Estado multinacional

debe ciertamente ayudar a los individuos más desposeídos, pero debe también favorecer la creación, el mantenimiento y el desarrollo de instituciones económicas en el seno de sus diversos pueblos constitutivos. El gobierno central ne debe favorecer un pueblo a expensas de otro. Y en un contexto de hacienda pública díficil, los pagos de traspasos del gobierno federal hacia las provincias pobres se verán reducidos, mientras que los efectos económicos de las políticas federales en beneficio de Ontario son permanentes. Por esto creemos que el desarrollo económico desigual justifica el acceso del Quebec

a la independencia.

5.3 El Quebec no puede escoger su estatuto jurídico en el seno del Canada

Como lo hemos mencionado anteriormente, el Canadá impuso al Quebec cambios fundamentales en el ámbito constitucional en contra de una resolución casi unánime de la Asamblea nacional del Quebec. El Quebec se encuentra apremiado por un orden constitucional que le impusieron y que no puede modificar, como dan fe de ello las tentativas abortadas de reforma de los acuerdos del Lago Meech y de Charlottetown. En el caso del Acuerdo del Lago Meech, la saga constitucio-nal ha puesto en relieve, ante todo, el carácter inaplicable de la fórmula de enmienda constitucional. Acerca de muchas cuestiones, ésta requiere la adhesión de todos los parlamentos provinciales al interior de un período de tres años. Esto imposibilita la conclusión de un acuerdo sobre enmiendas constitucionales. Finalmente, en lo que incumbe al acuerdo de Charlottetown, el proyecto fue propuesto a todos los Canadienses en gran parte porque permitía al gobierno federal impedir la celebración de un referendum sobre la independencia del Quebec.

Los Canadienses no quieren más oír hablar de modificaciones a la Constitución. Además, el gobierno federal acaba justo, con la aprobación de nueve provincias, de decidir que no iba a revisar su fórmula de enmienda constitucional como debía

hacerlo en virtud de su propria constitución. En efecto, la Constitución tiene previsto una revisión de la fórmula de enmienda al interior de un plazo de 15 años. Los otros nueve gobiernos provinciales y el gobierno federal decidieron que las discusiones de Meech y de Charlottetown podrían interpretarse como habiendo permitido proceder a esta revisión. El Canadá se empeña en conservar un proceso de enmienda constitucional que imposibilita todo cambio constitucional. Por

consiguiente, el Quebec no puede ejercer su derecho de elegir su propio estatuto en el seno de la federación.

6- Las amenazas al marco democrático quebequés

Mientras que el Quebec se está preparando para celebrar un nuevo referéndum dentro de algunos años, el gobierno canadiense multiplica las señas que indican claramente su apoyo a recursos que prohibirán legalmente la celebración de estos

comicios sobre la independencia del Quebec. Acaba de someter al Tribunal Supremo la cuestión de la legalidad de la independencia del Quebec, y es evidente que a la luz de la constitución, este tribunal declarará que el Quebec debe obtener el visto bueno de las demás provincias y del gobierno federal para acceder a la independencia. Este mismo gobierno, por boca de su primer ministro Jean Chrétien, anunció su intención de no acatar los resultados de un referéndum sobre la independencia en la hipótesis de que el pueblo quebequés apoyara mayoritariamente nuestro proyecto. Pretende igualmente decidir que pregunta debería ser propuesta a los Quebequeses, establecer él mismo el porcentaje de apoyo necesario requerido para declarar una victoria independentista, y someter el destino del Quebec al conjunto de los Canadienses. El gobierno canadiense apoyó abiertamente las reclamaciones particionistas de algunos grupos que pretenden quedarse en el Canadá adviniendo la independencia del Quebec. Una contestación judicial de la ley quebequesa de los referendos está

actualmente tramitándose, y seguramente este litigio llegará hasta los tribunales más altos del país. Esta ley, que establece un cupo de gastos para cada uno de los adversarios, de manera a asegurar el equilibrio del debate, está reconocida como

progresista por buen número de políticologos a través del mundo. Los medios de comunicación de todo el país hacen todo lo posible para llegar a poner en duda su legitimidad y su carácter demócratico y para alarmar a las minorías anglófonas e

inmigrantes, enarbolando eventuales violaciones de sus derechos que nada deja presagiar en el futuro. Para esos Canadienses que no han querido reconocer que los Quebequeses forman una nación, y una "sociedad distinta", ahora son

los Quebequeses los que pasan por intolerantes.

Sin presumir de la voluntad real del gobierno canadiense de recurrir a la fuerza o al apremio en este debate sobre el futuro del Quebec, es patente que todos estos gestos quieren augmentar la tensión y la intimidación a la cual estamos sometidos.

No contribuyen para nada a la resolución de los problemas en un marco de discusión democrática, respetuoso de lasopiniones de todos. Al participar en dos referendos sobre la independencia del Quebec, el gobierno del Canadá admitió, en

los hechos, la legitimidad de éstos. Parece ser, sin embargo, que actuó de esta manera debido a su convicción de lograr la victoria en las dos ocasiones. Ahora que la coyuntura política cambia, que la independencia es posible y muy probable,

intenta cambiar las reglas del juego, dirigiéndose por el camino del autoritarismo político. El marco democrático quebequés está amenazado por estos ataques.

Si la expresión democrática de la mayoría quebequesa se pronuncia en favor de la independencia en el curso de un próximo referéndum, se habrá de tomar acta de la voluntad popular la cual presenta todas las garantías democráticas requeridas. El gobierno del Canadá intentará de hacer valer sin duda que la secesión no está prevista en la constitución canadiense y pedirá sin duda alguna a los demás miembros de la Organización de las Naciones unidas que no reconozcan el nuevo Estado antes de que no lo haga él. Pero esto sería una manera disfrazada de imponer, como en 1982, la voluntad de la mayoría canadiense al pueblo quebequés. No puede ser la legalidad constitucional, pero sí más bien la legitimidad democrática que deberá servir de criterio para reconocer la independencia del Quebec.

Apelamos a su integridad de intelectual para que ejerza su vigilancia a este respecto. Se trata de salvar un cierto ideal que comparintelectuales de la comunidad internacional. Este ideal coloca las aspiraciones de los pueblos, no el poder de los Estados, en el centro mismo de la democracia.

1. El concepto de nación que utilizamos se aleja tanto de una concepción exclusivamente cívica que de una concepción étnica. Se puede definir la

nación o el pueblo como una comunidad política constituída por una mayoría nacional (que forma la muestra mayoritaria sobre un territorio determinado por una comunidad lingüística y cultural específica que puede encontrarse en varios territorios), de minorías nacionales (es decir de extensiones minoritarias de naciones vecinas), y de ciudadanos de adopción. Hay entonces en el territorio del Quebec una nación quebequesa incluyendo una mayoría nacional francófona, una minoría nacional anglófona y Quebequeses de todos los orígenes. También hay once nacionesautóctonas en este mismo territorio. Somos conscientes que existe numerosas investigaciones intentando establecer una distinción entre pueblo y

nación, conceptos que difieren radicalemente en Europa y América. Sin embargo, para este documento, utilizaremos los dos términos de manera equivalente.

2. Recordemos rápidamente estas cinco condiciones: el reconociento del Quebec como ìsociedad distintaî; un derecho al retiro universal de los programas federa-les con compensación financiera (no restringido a la cultura y a la educación) acompañado de un derecho de veto sobre todo cambioconstitucional afectando los derechos del Quebec; la limitación del poder federal de gasto público; el nombra-miento por el Quebec de tres de los nueve jueces del Tribunal Supremo; y la ratificación del acuerdo Cullen-Couture que otorgaba una cierta autonomía al Quebec en materia deinmigración.

3. Bien que el resultado fuese reñido, tenemos que reconocer que los federalistas ganaron la votación. Los independentistas siempre consideraron que la mayoría absoluta debía prevalecer en el curso del debate sobre el futuro del Quebec. Algunos piensan al contrario que durante un referéndum, la mayoría debería ser especificada, e invocan la necesidad de obtener los dos tercios de los sufragios o mismo mayorías superiores a ésta. Ellos se inspiran de procedimientos utilizados cuando los votantes representan regiones o Estados que tienen pesos demográficos muy distintos los unos de los otros. La situación es otra cuando todos los ciudadanos votan. En este caso, es normal de exigir la mayoría absoluta. Reconoceremos de buena gana que una victoria de 50,5% por parte de los independentistas rendiría el acceso a la independencia extremadamente díficil, pero hay que distinguir el problema de la puesta en práctica de un voto victorioso debido a una corta mayoría, y la cuestión de saber lo que constituye un voto vic-torioso. Asimismo, sería insensato e injusto de cambiar después de dos referendos las reglas del juego que fueron aceptadas hasta hoy por ambas partes en cuestión.

4. En las medidas federales que fueron nefastas al desarrollo de la región de Montreal, podemos citar: la apertura de la vía marítima hacia los Grandes Lagos que perjudicó considerablemente al puerto de Montreal; la política nacional de la energía que mató la industría petroquímica al este de la ciudad; el pacto del automóvil Canadá-USA que concentró estas industrias en la región de Toronto; la política de investigación y desarrollo en materias de ciencias y tecnologías del gobierno federal que desfavorecieron al Quebec y favorecieron al Ontario, y la política de compras de bienes y servicios que siempre fueron desiguales. Podríamos añadir que el gobierno federal, de manera general, impulsó el desarrollo de la zona industrial de Kanata en Ontario. Las inversiones públicas del gobierno federal y de las Sociedades de la Corona también son desfavorables para el Quebec: entre 1981 y 1996, solamente el 16,4% de las inversiones del gobierno y el 14,4% de las inversiones de las Sociedades de la Corona fueron hechas en el

Quebec. El gobierno federal se demoró durante largos años antes de imponer una protección de veinte años acerca de las patentes farmacéuticas, y este retraso permitió a las industrias genéricas de Ontario desarrollarse y rivalizar, de manera desleal, con la industria farmacéutica quebequesa. El gobierno federal cedió ante el potente lobby de Toronto e impidió la creación de centros bancarios internacionales en la región de Vancouver tanto como en la de Montreal. Los esfuerzos del gobierno federal para dotar el Quebec de una infrastructura económica competitiva no fueron sin duda totalmente inexistentes, pensemos al contrato de los aviones F-18 o a la puesta en marcha de la agencia espacial en la región de Saint-Hubert. Pero estos esfuerzos fueron siempre insuficientes y esporádicos, reflejando bien así la posición del gobierno canadiense quien no considera el Quebec como siendo una de las naciones constituyentes del país.

5. Sin embargo, si tenemos en cuenta el conjunto de los impuestos retirados por el gobierno federal en el territorio del Quebec y la totalidad de los gastos efectuados por el gobierno federal en el territorio del Quebec, incluyendo los abonos como la traspasos fiscales equitativos, debemos constatar que para los presupuestos generales federales de 1996-97, hay un saldo positivo en favor del gobierno canadiense. En este sentido, los traspasos hacia el Quebec pueden ser percibidos como dinero que nos es devuelto. Ciertamente, es normal llevar a tal saldo positivo el nivel de las operaciones corrientes, sobre todo cuando se tiene en cuenta la deuda desmedida a la que hace frente el gobierno federal. En efecto, gracias a este saldo positivo, el gobierno puede pagar una parte de los intereses sobre la deuda. Es normal que el Quebec vierta tributo en función de su contribución al PIB, y no en función de su población. Podemos solamente hablar aquí de un reparto equitativo y no de una ventaja para el Quebec.

Michel Seymour, Département de philosophie, Université de Montréal
Lubin Bisson, administrateur, Radio C.I.B.L. - FM
Didier Calmels, journaliste, Station de télévision indépendante
Jean-Pierre Chelhot, étudiant à la maîtrise, Département de sociologie, Université de Québec à Montréal
Jocelyne Couture, Département de philosophie, Université de Québec à Montréal
Guy Lachapelle, Département de sciences politiques, Université Concordia
Yves Nadeau, Faculté de Droit, Université de Montréal
Kai Nielsen, Département de philosophie, Université Concordia
Éric Normandeau, M.A. en sciences politiques, Université de Québec à Montréal
Erciia Palacio, Département de philosophie, Université du Québec à Trois-Rivières
Paul-André Quintin, Département de philosophie, Université du Québec à Trois-Rivières
Michel Robert, Département de philosophie, CÉGEP du Vieux-Montréal
Geneviève Sicotte Ph.D., Département d'études françaises, Université de Montréal
Daniel Turp, Faculté de droit, Université de Montréal
Louise Vandelac, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Jules-Pascal Venne, Département de sciences politiques, CÉGEP Édouard-Montpetit